Nuestras Propuestas

Aunque Uruguay es de los países con menor pobreza infantil de la región, aún 1 de cada 5 niños vive en hogares pobres. Esto refleja una desigualdad intergeneracional: mientras apenas 1 de cada 50 adultos mayores es pobre, la niñez concentra las mayores privaciones. La situación se agrava en hogares con madres solteras y jefatura femenina, donde la falta de redes de apoyo y de inserción laboral perpetúa el ciclo de pobreza. Además, la evidencia científica demuestra que los primeros mil días de vida son determinantes en el desarrollo cognitivo, emocional y físico. Deficiencias en esta etapa se traducen luego en abandono escolar, problemas de salud, dificultades laborales y mayor exposición a la violencia. Invertir en la primera infancia no es solo un imperativo ético: es la política más eficiente para garantizar integración social y productividad futura.

Uruguay tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas de la región y un 70 % de reincidencia entre liberados. La mayoría de las personas privadas de libertad son hombres jóvenes con bajo nivel educativo, lo que los vuelve extremadamente vulnerables al egreso. La situación de calle está directamente vinculada a este fenómeno: más de la mitad de quienes duermen a la intemperie pasaron por prisión, muchas veces en múltiples ocasiones. La adicción a la pasta base y otras drogas agrava la marginalidad. La falta de oportunidades laborales y el estigma social refuerzan el círculo de exclusión, generando inseguridad y sobrecargando al Estado. Cortar este ciclo es clave no solo por justicia social, sino también por seguridad ciudadana y eficiencia en el uso de recursos públicos.

La pobreza en Uruguay no es solo monetaria: se expresa también en la fragmentación territorial y social. Barrios enteros carecen de acceso a servicios básicos y muestran fuertes rezagos educativos. La vivienda es un factor multiplicador: sin techo digno, cualquier otra política social (salud, educación, empleo) pierde eficacia. Asimismo, las personas con discapacidad y los hogares monoparentales enfrentan barreras que limitan sus oportunidades. En paralelo, el Estado aún gestiona políticas sociales con lógica de procesos y no de resultados: paga a organizaciones sociales por actividades, sin medir si cumplen objetivos. Esto genera ineficiencia y pérdida de confianza en la acción pública.

La Transformación Educativa dio pasos importantes, pero Uruguay sigue enfrentando rezagos en aprendizajes básicos. La inequidad se refleja en que los estudiantes de contextos críticos tienen menor retención, mayores tasas de repetición y menor egreso. Las pruebas nacionales e internacionales muestran debilidades graves en lectura y matemática, habilidades esenciales para la empleabilidad futura. La deserción en la educación media sigue siendo uno de los grandes problemas estructurales. Al mismo tiempo, el sistema aún no logra atraer y retener a los mejores docentes en los contextos más desafiantes. La baja tasa de graduación universitaria y terciaria limita la capacidad de competir en la economía del conocimiento.

Si bien Uruguay cuenta con un sistema nacional integrado, persisten desigualdades en acceso y calidad. Las emergencias médicas están saturadas y la atención primaria aún no logra resolver la mayoría de los problemas de salud. La salud mental es la gran deuda: los servicios son escasos, fragmentados y estigmatizados, mientras el consumo problemático de drogas afecta a miles de familias. A esto se suman problemas crecientes de obesidad, enfermedades crónicas y envejecimiento poblacional.

Más de 150.000 uruguayos viven en asentamientos irregulares y cientos de miles en viviendas precarias o inadecuadas. Las familias de ingresos medios enfrentan barreras de acceso al crédito y alquileres que se encarecen año a año. La falta de una política articulada ha generado dispersión institucional y duplicación de esfuerzos. La vivienda no es solo un techo: es condición básica para el desarrollo, la integración social y la convivencia ciudadana.

La principal preocupación ciudadana sigue siendo la inseguridad. El narcotráfico, el crimen organizado y la violencia asociada han aumentado su incidencia. La reincidencia carcelaria muestra que el sistema penitenciario no cumple funciones de rehabilitación, sino que muchas veces agrava la exclusión. A esto se suma una crisis de confianza en la justicia, percibida como lenta e ineficaz. Sin seguridad no hay libertad plena ni desarrollo económico posible.

Uruguay ha perdido terreno en productividad frente a países desarrollados y competidores regionales. La carga impositiva y los altos costos internos limitan la competitividad. El Estado presenta problemas de eficiencia y empresas públicas que muchas veces operan con lógicas burocráticas antes que de servicio. El mercado laboral enfrenta desafíos de informalidad y baja creación de empleos de calidad. Sin reformas profundas, el país corre el riesgo de quedar rezagado en la economía global.

Uruguay es reconocido en el mundo por sus políticas ambientales y energéticas, pero enfrenta desafíos crecientes: cambio climático, agua, contaminación y competitividad tecnológica. La infraestructura sigue siendo insuficiente para un país exportador, y el agro, principal motor productivo, necesita modernización para competir en cadenas globales de valor.

Las instituciones uruguayas gozan de prestigio, pero enfrentan el riesgo del desgaste: falta de transparencia, excesos burocráticos y debilidades en contralores. La violencia de género y la desigualdad entre hombres y mujeres persisten como grandes deudas sociales. Además, el sistema de derechos humanos requiere actualización para responder a nuevos desafíos, desde la defensa nacional hasta los derechos digitales.